Aportes de la academia en la movilidad de trabajadores agrícolas

Martha García

 

México es escenario de una compleja dinámica migratoria de trabajadores agrícolas, y las personas dedicadas al corte de caĖa son parte de este sector vulnerable. Cerca de 80 mil jornaleros están pendientes de la próxima zafra, lo que en una emergencia sanitaria implica un gran riesgo. Sin duda, una agenda de intervención académica desde las ciencias sociales tiene mucho que aportar.

 

No pueden quedarse en casa…

 

México es un país de intensa movilidad de gente dedicada al trabajo agrícola: se calcula que 1.2 millones de personas se desplazan anualmente en territorio nacional, además de las 100 mil que salen hacia Estados Unidos y Canadá con la Visa H-2A o como participantes del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, respectivamente.

 

En el contexto de la pandemia de covid-19 causada por el SARS-CoV-2, y a escasos días de que en México se decretara la fase 2 de la contingencia sanitaria en marzo de 2020, se concretó una propuesta para contribuir desde la academia en las acciones sociales y gubernamentales de prevención y mitigación del contagio entre dichos grupos itinerantes. Sus tareas de sembrar, fumigar, cosechar y muchas otras son actividades económicas esenciales y por eso quedaron exentas de las medidas de confinamiento. Las trabajadoras y trabajadores agrícolas no podían quedarse en casa.

 

Los estados de la frontera sur de México son parte importante de la mencionada dinámica económica y migratoria. Hombres, mujeres y familias de Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice salen y llegan a esta zona para enrolarse en los ejércitos laborales agrícolas que marchan por diversas rutas nacionales, transnacionales y transfronterizas, a fin de satisfacer a dos de los mercados de trabajo más importantes de la zona: el del café y el de la caĖa de azúcar. Para aquel momento de la emergencia sanitaria, alrededor de 60 mil cortadores de caĖa estaban por regresar a sus lugares de origen, lo que de facto los convertía en grupos de riesgo por sus largos trayectos y la precariedad social y laboral que los hace muy vulnerables aun en épocas sin pandemia, sobre todo si son indígenas o si carecen de permisos migratorios.

 

Las intensas dinámicas de movilidad laboral no son exclusivas de la frontera sur, se presentan en todas las regiones agrícolas y agroindustriales del país, las cuales atraen mano de obra principalmente de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz, incluyendo amplios grupos indígenas que han hecho de la migración por trabajo una tradición. Son millones de personas, tanto en México como en Centro y Norteamérica, que salen y entran o que se mueven de cultivo en cultivo (los llaman golondrinos).

 

Cortadores de caĖa

 

Hemos identificado a los jornaleros agrícolas cortadores de caĖa como un grupo prioritario en la lucha por contrarrestar la dispersión de la pandemia. Nuestro aporte desde la investigación fue una propuesta para atenderlos siguiendo la lógica de su movilidad: origen-tránsito-destino-retorno.

 

Frente al desequilibrio en la distribución de los servicios del Sistema Nacional de Salud, reflejo de las desigualdades en México, elegirlos como población de estudio fue relevante por la carencia de información respecto a sus contrataciones. La falta de registros entorpece la construcción de esquemas migratorios seguros y ordenados, lo que se une a la precarización laboral y a la ausencia de derechos elementales en los sistemas de reclutamiento que no están regularizados.

 

De esta forma, a la complejidad epidemiológica hay que sumar la vulnerabilidad de

los trabajadores agrícolas migrantes, un grupo poblacional identificado como el más explotado y desatendido, pese a que ha sido objeto de estudios, diagnósticos y películas que reseĖan la llamada neoesclavitud, en alusión a las condiciones infrahumanas de trabajo. Un ejemplo es el documental Jornaleros del azúcar, producido por El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), el cual muestra la realidad que en la frontera sur de México enfrentan las familias dedicadas al corte de caĖa, muchas provenientes de Belice y Guatemala (disponible en línea: https://bit.ly/3iW2DiO).

 

Diversos diagnósticos y evaluaciones como los de la organización Tlachinollan, en Guerrerosubrayan una y otra vez la desprotección institucional, empresarial y social de las personas dedicadas a labores agrícolas. Además, científicos sociales, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales cuentan con decenas de informes y reportes que advierten acerca de la marginación, insalubridad, bajos salarios y ausencia de derechos, muy lejos de cualquier esquema de trabajo digno. El reto sigue siendo enorme aun cuando existen intervenciones focalizadas, como las iniciativas empresariales en el acondicionamiento de albergues o el desaparecido Programa para la Atención de los Jornaleros Agrícolas.  

 

Algunos aportes desde las ciencias sociales

 

La gran lección del SARS-CoV-2 frente a las migraciones laborales ha convocado a las ciencias sociales en paralelo a las ciencias médicas. Las aportaciones son significativas, están respaldadas por la amplia producción científica de la última década en México, que viene a ser un simbólico laboratorio mundial de las migraciones. Algunas muestras son el activismo académico y social en relación con las caravanas centroamericanas, así como los foros en línea que han organizado varias instituciones.

 

Desde el Grupo Académico de Migración y Procesos Transfronterizos de ECOSUR, se propuso colaborar con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en la elaboración de un protocolo de retorno que atendiera a personas dedicadas al corte de caĖa de azúcar. Con nuestros resultados de investigación en las zafras 2018-2019 y 2019-2020 y con la propuesta de movilidad segura postzafra, se utilizó la información acerca de los orígenes y destinos de los trabajadores y sus familias a partir del “Diagnóstico del perfil sociodemográfico y de la inserción laboral de las mujeres en la agroindustria azucarera”, uno de los productos del Fondo Sectorial INMUJERES-CONACYT. (1)        

 

Los hallazgos han identificado las movilidades intraestatales, como las de Veracruz entidad con casi la mitad de los ingenios del país, interestatales, como las que ocurren entre Puebla y Veracruz, Chiapas y Michoacán, Oaxaca y Colima, Guerrero y Morelos, Oaxaca y Quintana Roo, y las transfronterizas de Guatemala y Belice hacia México. Con nuestra propuesta, la SADER produjo un tríptico informativo que se integró a sus materiales de mitigación sanitaria en el sector agroindustrial.

 

De parte de ECOSUR, entre organizaciones no gubernamentales, como la Red de Jornaleros Agrícolas, Justice in Motion y Verité, se divulgó un modelo del protocolo de movilidad segura. Al mismo tiempo se colaboró con los cortadores de caĖa que estaban a punto de retornar a sus pueblos, entablando una comunicación directa con quienes encabezaban los grupos. Por otro lado, también participamos en la elaboración de la Guía de Acción para los Centros de Trabajo Agrícolas de cara al SARS-CoV-2.

 

Los pronósticos para el control atienden tanto el calendario nacional como los semáforos de riesgo epidémico para los estados con producción de caĖa: Chiapas, Tabasco, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Sinaloa, Veracruz y Puebla, Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Jalisco, Morelos, Oaxaca y San Luis Potosí. En esta geografía, 80 mil trabajadores estarán en espera de confirmar la fecha de la siguiente zafra, por lo que ahora nos enfocamos en el diseĖo de un protocolo de salida laboral, junto con organizaciones de la sociedad civil y empresarios azucareros. La emergencia no ha pasado y es momento de formular planes de contingencia a largo plazo, así que se plantea una corresponsabilidad con sectores gubernamentales, organizaciones de productores de azúcar, empresas azucareras, instancias de la sociedad civil y academia.

 

Aún en construcción, el esquema de corresponsabilidad contempla a las secretarías del Trabajo y Previsión Social, Salud, y Agricultura y Desarrollo Rural como cabezas de sector en una estrategia integral operativa. También quedan involucrados los comités de producción de caĖa de azúcar, los grupos empresariales a nivel de gerencias locales, el cabo o los capataces, las autoridades locales en destino y origen, los grupos de trabajo y las familias, así como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

 

En términos generales, los desafíos planteados por la emergencia sanitaria mundial ofrecen un espacio para la incidencia desde las ciencias sociales. Es una oportunidad para reforzar el compromiso social en la agenda de trabajo que nos imponen las realidades nacionales, como las migraciones en México y sus conexiones con el resto del mundo, tanto hacia Estados Unidos y Canadá como a Centroamérica. 

 

En la fotogalería de este número de Ecofronteras digital mostramos diversas imágenes que documentan algunos aspectos del trabajo de las personas cortadoras de caĖa, resaltando la participación de las mujeres, http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras

 

 (1) En “ņFeliz día de la mujer?”, Ecofronteras 55, encontramos un breve y enriquecedor contexto de la intervención femenina en el corte de caĖa, https://bit.ly/36WZi0x

 

Martha García es investigadora del Departamento de Sociedad y Cultura, ECOSUR Chetumal (mgarciao@ecosur.mx).

 

 

 

Ecofronteras, 2020, vol. 24, núm. 70, pp. 18-20, ISSN 2007-4549 (revista impresa), E-ISSN 2448-8577 (revista digital). Licencia CC (no comercial, no obras derivadas); notificar reproducciones a llopez@ecosur.mx