Distintas formas de Òvivir la fronteraÓ Guatemala-MŽxico

Aldo Jorge Led—n Pereyra

 

La regi—n transfronteriza Guatemala-MŽxico experimenta condiciones hist—ricas de discriminaci—n social, despojo territorial y distintas formas de violencia, todo lo cual propicia importantes desplazamientos de personas. En este contexto, para alcanzar sociedades m‡s justas e igualitarias se necesitan acciones colectivas, como las impulsadas por la Mesa Transfronteriza, Migraciones y GŽnero.

 

Separaci—n, muros y l’mites; nacionalismo; desigualdad y pobreza; control; inseguridad, discriminaci—n y criminalizaci—n, son algunas de las expresiones que se han convertido en nuestras referencias directas al hablar de las fronteras entre pa’ses. Al respecto, Àc—mo vivimos estas fronteras desde lugares no fronterizos?

ÀCu‡l es la relaci—n de las personas en zonas de l’mite entre dos pa’ses? ÀPodemos sentirnos con pertenencia a un lugar distinto del de nuestro nacimiento? ÀPor quŽ nacimos de este lado de la frontera y no del otro? ÀPor quŽ algunas fronteras se vuelven objeto de vigilancia y control extremos? Estas son algunas preguntas que surgen al hablar de las demarcaciones geopol’ticas y que remiten a significados particulares, segœn las experiencias de la gente en el ÒladoÓ en el que les haya tocado nacer.

Para los gobiernos, la frontera es un lugar en el que se deben desplegar estrategias de Òseguridad nacionalÓ y de control migratorio-econ—mico-territorial; estrategias que han propiciado distintas formas de violencia y riesgos. Para personas migrantes, organizaciones de la sociedad civil y muchos habitantes de lugares fronterizos, la frontera es concebida de otra manera, lo que ha derivado en la reivindicaci—n de territorios comunes. (1) 

Desde fronteras pol’ticas hacia territorios comunes

Las pol’ticas gubernamentales de control territorial en las fronteras, control de poblaci—n y de flujos migratorios, provocan la multiplicaci—n y profundizaci—n de entornos de vulnerabilidad y violencia. Estas situaciones hacen urgente la participaci—n pol’tica y social de diversos actores, entre ellos: instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil e instancias acadŽmicas en Guatemala, MŽxico y Estados Unidos, como pa’ses de origen, tr‡nsito y destino de personas. Las alianzas transnacionales deben comprometernos a un trabajo permanente basado en la diversidad del pensamiento y an‡lisis colectivo, as’ como en la articulaci—n y enriquecimiento de las diferentes formas de acci—n e integraci—n comœn de cualquier regi—n transfronteriza en la frontera sur de MŽxico.

Aunque no de manera generalizada, han surgido algunos movimientos que reivindican el derecho a un territorio comœn transfronterizo, concepto que puede ser entendido como un lugar de encuentros e intercambios solidarios entre pueblos y comunidades. Implica esquemas de movilidad humana que ya se han incorporado plenamente en las estrategias de vida de poblaciones con una hist—rica tradici—n migratoria.

En este sentido funciona la Mesa de Coordinaci—n Transfronteriza Migraciones y GŽnero (MTMG), una red conformada por 30 organizaciones civiles, comunitarias y colectivos de MŽxico y Guatemala, que trabajan en la defensa y promoci—n de los derechos humanos de personas migrantes y comunidades en la regi—n transfronteriza de ambos pa’ses.

Desde su creaci—n, en un poco m‡s de 10 a–os de camino, la MMTG ha llevado a cabo distintos proyectos, entre los que destaca la ÒMisi—n internacional de observaci—n de derechos humanos en la frontera Guatemala-MŽxicoÓ, en noviembre de 2015, que se defini— como una estrategia para posicionar a distintos colectivos de base ligados a movimientos sociales que impulsan el ejercicio de los derechos humanos, econ—micos, sociales, culturales y ambientales. La intenci—n es ser referentes para el di‡logo y la construcci—n de alternativas en la atenci—n integral de las causas estructurales y pol’ticas de las violencias en la regi—n, entre otros efectos, provocan migraci—n forzada y refugio.

A continuaci—n, resaltamos algunos de los resultados de esta Misi—n, retomados del informe preliminar de la misma: ÒLuchas que fluyen por los caminos transfronterizosÓ.

Regi—n transfronteriza Guatemala-MŽxico

La regi—n transfronteriza Guatemala-MŽxico se caracteriza por su gran biodiversidad, as’ como por su riqueza biol—gica, mineral, energŽtica y sociocultural, que contrasta con condiciones hist—ricas de discriminaci—n social, despojo territorial y violencia econ—mica; condiciones que se profundizaron a partir de la dŽcada de 1980 por la imposici—n de pol’ticas neoliberales en la regi—n mesoamericana y de manera particular, en la frontera entre Guatemala y MŽxico.

El Tratado de Libre Comercio de AmŽrica del Norte y el Acuerdo de Asociaci—n Transpac’fico son dos de los mejores ejemplos del modelo capitalista-neoliberal que inciden en el consumo y explotaci—n de recursos naturales y humanos de manera desmedida. El modelo se ha instalado en los territorios transfronterizos con varios planes y programas de Òdesarrollo regionalÓ, entre ellos el ÒPrograma integral de la frontera sur y las zonas econ—micas especialesÓ, en MŽxico, o el ÒPlan alianza para la prosperidadÓ, en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Estos proyectos, implementados en ambos lados de la frontera, acentœan el despojo del territorio y la vulneraci—n de los derechos humanos (econ—micos, sociales, culturales y ambientales) de mujeres, hombres, ni–as, ni–os y adolescentes, sin distinci—n de nacionalidad.

Los efectos negativos de la migraci—n

La implementaci—n de proyectos de desarrollo a gran escala, junto con la violaci—n de derechos humanos, la violencia institucional, la violencia de gŽnero, las cat‡strofes naturales y otros eventos, son factores que originan el desplazamiento forzado de personas y de comunidades enteras, contribuyendo a que aumente el flujo de migrantes de CentroamŽrica y el Caribe hacia la frontera de Guatemala y MŽxico.

Por otra parte, las pol’ticas de detenci—n y deportaci—n contra migrantes incrementan su vulnerabilidad, restringiendo o negando el acceso a derechos (a la salud, la educaci—n y una vivienda digna, entre otros), limitando sus posibilidades de vida y aumentando la exposici—n frecuente a la discriminaci—n.

Si bien las medidas de control son cada vez m‡s restrictivas, los Estados encuentran maneras de obtener ganancias econ—micas de la migraci—n indocumentada. MŽxico y Guatemala son de los pa’ses latinoamericanos que m‡s remesas reciben.

Los crecientes flujos migratorios tambiŽn se acompa–an de mayor violencia, expresada en tr‡fico il’cito de migrantes y trata de personas, desapariciones, secuestros, robos, extorsiones, asaltos, tratos crueles e inhumanos, tortura y asesinatos masivos. La situaci—n se exacerba en el caso de las mujeres y de la comunidad LGBTTTI, (2)  quienes tienen que hacer frente a la violencia social e institucional, as’ como a formas de violencia espec’fica: trata, violencia sexual, feminicidios y asesinatos.

Militarizaci—n y control social

La militarizaci—n de la regi—n transfronteriza no es reciente. Comenz— durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996) y continu— en el contexto del levantamiento del EjŽrcito Zapatista de Liberaci—n Nacional en 1994, en Chiapas, MŽxico, y como reacci—n a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, evento que produjo una externalizaci—n de la frontera de ese pa’s en la regi—n de nuestro interŽs (la frontera sur de MŽxico es un primer freno para quienes buscan llegar al ÒnorteÓ).

Los enfoques de seguridad nacional y militarizaci—n de los territorios se han usado como justificantes para detener el terrorismo, el tr‡fico il’cito de personas, el crecimiento del crimen organizado y el paso de drogas hacia Estados Unidos. Desde este enfoque, los pueblos organizados que defienden derechos, las personas migrantes que ejercen el derecho de fuga (3)   y quienes protegen territorios, por ejemplo, son considerados como enemigos internos; se han documentado diversas agresiones a defensores de derechos humanos que constatan esta afirmaci—n.

Observatorio de derechos humanos

Para reforzar la articulaci—n social en la regi—n transfronteriza, se requiere ampliar la mirada, compartir los an‡lisis de contexto y articular las experiencias de resistencia de las organizaciones, personas y movimientos. En un af‡n por conjuntar esfuerzos de movimientos y luchas, organizaciones de la sociedad civil y academia para generar y difundir informaci—n respecto al impacto de las pol’ticas de control territorial, megaproyectos y flujos migratorios, en el informe se propone la creaci—n de un Òobservatorio permanente de derechos humanosÓ.

El deber de los gobiernos es proteger y garantizar formas equilibradas de convivencia y atenci—n a los derechos fundamentales de las personas. En la compleja regi—n transfronteriza de Guatemala y MŽxico, la respuesta no debe estar en la militarizaci—n ni el control social que afectan derechos de las personas migrantes y refugiadas. Un observatorio de derechos humanos aportar’a elementos valiosos para los procesos de verdad, justicia y reparaci—n de da–os, colaborando para garantizar esquemas de bienestar y protecci—n ambiental entre otros elementos. 

En el contexto actual en el que los derechos humanos se transgreden con facilidad, se concibe la importancia y urgencia de generar espacios plurales de articulaci—n y solidaridad para repensar y dise–ar estrategias de acci—n, a pesar de las fronteras nacionales.

 

Aldo Jorge Led—n Pereyra es representante de Voces Mesoamericanas, Acci—n con Pueblos Migrantes A.C. e integrante de la Mesa Transfronteriza, Migraciones y GŽnero (ledon@vocesmesoamericanas.org).

 

(1) Ver ÒTr‡nsitos y destinos de Sur a Norte. Conversaci—n con Martha Rojas WiesnerÓ, Ecofronteras 60, 2017: http://revistas.ecosur.mx/ecofronteras   

(2) LŽsbico, gay, bisexual, transexual, transgŽnero, travesti e intersexual.

(3) Derecho de salir del lugar y comunidad pol’tica de pertenencia.

 

 

Ecofronteras, 2018, vol. 22, nœm. 62, pp. 15-17, ISSN 2007-4549. Licencia CC (no comercial, no obras derivadas); notificar reproducciones a llopez@ecosur.mx