Municipios en la base de las pol’ticas pœblicas nacionales


Guillermo Deloya Cobi‡n

 

En el marco del federalismo, Àpueden los municipios atender temas de derechos humanos de manera eficaz? Para garantizar resultados a nivel nacional, las pol’ticas pœblicas deben ejecutarse eficazmente desde lo local, advirtiendo que el ‡mbito municipal requiere mayor protagonismo en la armonizaci—n con planes nacionales y estatales.

 

çmbito municipal y federal

 

El Žxito o fracaso de una pol’tica pœblica a escala nacional depende, en gran parte, de su desenvolvimiento en los ‡mbitos locales; en otras palabras, una pol’tica pœblica a escala nacional es producto de la agregaci—n de los resultados de su implementaci—n local. Esto convierte al municipio en un actor de suma relevancia, por ser una instancia administrativa con representantes propios y en general, con situaciones y retos comunes para sus habitantes. Por su importancia y porque hay quien cuestiona la efectividad de las acciones para resolver los problemas gestados en estos territorios, es que van en aumento las investigaciones que tienen al municipio como objeto de estudio.

 

En este sentido, resulta de vital importancia Òreconocer de manera expresa al municipio como ‡mbito de gobierno, no como una simple instancia administrativaÓ –tal como lo recomienda el especialista Salvador Valencia–, y que dicha aseveraci—n no se limite a lo establecido en el art’culo 115 constitucional sobre su composici—n y facultades, sino que permee en la pr‡ctica pol’tica como premisa fundamental para alcanzar los grandes objetivos nacionales.

 

Es muy amplia la discusi—n vinculada a los retos y soluciones pendientes que enfrentan los municipios en el marco del federalismo, y quiz‡ no se percibe de forma contundente la necesidad de establecer pol’ticas de derechos humanos en estos espacios. De manera m‡s pragm‡tica, Àdebe el municipio priorizar los derechos humanos, aunque esto pueda desligarlo de sus ‡mbitos de competencia cotidiana, como administraci—n del agua potable, drenaje, alumbrado, limpieza pœblica, parques, panteones y otros tantos temas puntuales?

 

Si bien no es una respuesta concluyente, podemos decir que las pol’ticas de atenci—n a los derechos humanos s’ son una responsabilidad impostergable en la esfera municipal, partiendo de que la reforma constitucional de 2011 establece que toda autoridad est‡ obligada a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

 

Para lograrlo en el marco del federalismo, las pol’ticas pœblicas deben ocuparse de su eficacia en lo local: ser capaces de traducir una cuesti—n pœblica en un reto gubernamental cuyo impacto se mida por logros en su implementaci—n m‡s inmediata. El reto de los municipios radica en construir un conjunto de reglas que incentiven nuevas pr‡cticas por parte de actores locales, orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos.

 

Programas Estatales de Derechos Humanos

 

Tomando en cuenta lo anterior, la Secretar’a de Gobernaci—n promueve un instrumento de planeaci—n, programaci—n, coordinaci—n, articulaci—n, monitoreo y evaluaci—n del quehacer gubernamental: los Programas Estatales de Derechos Humanos (PEDH) en todos los —rdenes de gobierno. Se encuentran presentes en la Ciudad de MŽxico, Baja California, Coahuila, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y Zacatecas. En varios estados los programas est‡n en proceso de implementaci—n: Chiapas, Yucat‡n, Estado de MŽxico, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tlaxcala (m‡s informaci—n: https://www.gob.mx/segob/articulos/que-es-un-programa-estatal-de-derechos-humanos).

 

La implementaci—n de los PEDH es resultado del di‡logo y la participaci—n ciudadana, representada por diversas dependencias y entidades pœblicas, estatales y municipales, sociedad civil, academia y personas expertas en la materia que, en conjunto, alimentan un proceso de reflexi—n y construcci—n colectiva en torno a los derechos humanos: garantizar su respeto por parte del gobierno y activar la exigencia de su cumplimiento por parte de la sociedad. El proceso no puede considerarse acabado, sino m‡s bien como una hoja de ruta cuyo pr—ximo paso consiste en permear el ‡mbito municipal, —rgano de gobierno m‡s cercano a la ciudadan’a, para garantizar sus objetivos.

 

Como evidencia contamos con una relaci—n de recomendaciones emitidas por las comisiones estatales de derechos humanos de las entidades federativas de la frontera sur de nuestro pa’s. Entre 2015 y 2016, del total de las recomendaciones, entre 20% y 57% involucraban a los municipios. Esta proporci—n alcanz— 61% durante el primer cuatrimestre de 2017 en Campeche, pues de 13 recomendaciones, ocho se hicieron a municipios. Se violentaron los derechos a la petici—n; a la igualdad y la no discriminaci—n; a la consulta; a la asistencia consular; a la seguridad jur’dica y a la legalidad, por citar algunos.

 

Se trata de una situaci—n que evidencia la necesidad de construir desde lo local: la ciudadan’a y la administraci—n pœblica, en su ‡mbito municipal, deben trabajar de manera colaborativa y en un di‡logo permanente para identificar y enfrentar los problemas que impactan sobre el tejido social.

 

Recomendaciones en materia de derechos humanos en estados de la frontera sur

Entidad

Concepto

2015

2016

2017*

Chiapas

Recomendaciones emitidas totales

21

15

4

Recomendaciones emitidas a municipios**

12

3

0

Proporci—n de recomendaciones emitidas a municipios.

57.14%

20%

0%

Quintana Roo

Recomendaciones emitidas

20

20

6

Recomendaciones emitidas a municipios**

9

11

1

Proporci—n de recomendaciones emitidas a municipios.

45%

55%

16.67%

Campeche

Recomendaciones emitidas

64

36

13

Recomendaciones emitidas a municipios**

23

19

8

Proporci—n de recomendaciones emitidas a municipios.

35.93%

52.78%

61.54%

Tabasco

Recomendaciones emitidas

134

152

11

Recomendaciones emitidas a municipios**

49

31

0

Proporci—n de recomendaciones emitidas a municipios.

36.57%

20.39%

0%

*  Datos preliminares en los primeros cuatro meses del a–o.

**Se refiere a recomendaciones dirigidas solamente a las autoridades y gobiernos municipales.

Fuente: Comisiones Estatales de Derechos Humanos

 

Guillermo Deloya Cobi‡n es coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal de la Secretar’a de Gobernaci—n.

 

 

Ecofronteras, 2018, vol. 22, nœm. 62, pp. 13-14, ISSN 2007-4549. Licencia CC (no comercial, no obras derivadas); notificar reproducciones a llopez@ecosur.mx