Derechos humanos y pol’ticas pœblicas en la frontera sur

Ricardo J. Sepœlveda I. y Berenice Gervassi

 

Para atender los desaf’os en materia de derechos humanos en contextos que presentan problem‡ticas variadas y complejas, como ocurre en la frontera sur, se requiere una mirada multiactor y multinivel que incluya a la academia y organizaciones de la sociedad civil entre sus actores, adem‡s de incorporar enfoques innovadores, por ejemplo, el de los municipios fronterizos de derechos humanos.

 

Temas urgentes en derechos humanos

 

Las violaciones a los derechos humanos en territorio nacional son reales. Muchas de ellas son espejo de circunstancias de violencia e inseguridad expl’citas, aunque existen otras que evidencian una falta de enfoque de derechos para garantizar condiciones de igualdad y no discriminaci—n en la vida diaria de las personas, as’ como un pleno goce y ejercicio de los derechos sociales, econ—micos, culturales y ambientales.

 

Partiendo de la estridente necesidad de dar respuesta al cœmulo de problem‡ticas, es necesario considerar los derechos humanos como una pol’tica de Estado; de otro modo, la voluntad para alcanzar resultados seguir‡ siendo opcional y las estrategias que se adopten carecer‡n de integralidad para proponer soluciones estructurales y no aisladas. En este sentido, destacan cinco temas de mayor urgencia en MŽxico, segœn diagn—sticos de la Secretar’a de Gobernaci—n, con base en su gravedad e impacto social:

1) Personas desaparecidas.

2) Tortura.

3) Uso ileg’timo de la fuerza (por ejemplo, emplear indebidamente armas no letales durante una manifestaci—n pac’fica, que resulte en una violaci—n a la integridad f’sica de las personas).

4) Protecci—n a periodistas y defensores de derechos humanos.

5) Personas en situaci—n de migraci—n (rubro de particular Žnfasis para la frontera sur).

 

Atender los desaf’os derivados de esos temas es uno de los grandes pendientes en la regi—n lim’trofe de MŽxico con CentroamŽrica, reconociendo lo que hay en comœn entre las expresiones de violencia en localidades fronterizas y el resto del pa’s. Los diagn—sticos realizados, que parten de un proceso de consulta a organizaciones de la sociedad civil (nacionales y locales), academia y autoridades estatales y municipales, arrojan evidencia de que las condiciones de vulnerabilidad a las que son sometidas muchas personas en el pa’s, agravan las violaciones sistem‡ticas a sus derechos.

 

Por ejemplo, para uno de los grupos en situaci—n de vulnerabilidad m‡s visibles: la poblaci—n migrante, los derechos afectados se vinculan con rubros laborales, financieros, educativos, sanitarios, de identidad, integridad f’sica, justicia, entre otros que pueden mencionarse de manera general. TambiŽn hay afectaciones muy directas, como al derecho a no ser v’ctimas de trata o que ni–as y ni–os no sean asegurados por faltas administrativas.

 

En ciertos municipios y en el ‡mbito de la din‡mica transfronteriza, la situaci—n adquiere matices particulares: amenazas al medio ambiente y a los recursos h’dricos, escaso reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, falta de acceso a la justicia y respeto de prerrogativas laborales de poblaci—n migrante ind’gena, acceso limitado de ni–as, ni–os y adolescentes a la educaci—n y otros servicios de atenci—n, as’ como ausencia de una perspectiva de gŽnero para que las mujeres que transitan o habitan en la frontera sur tengan una vida libre de violencia. Estos escenarios no son nuevos o desconocidos; lo que resalta es el esfuerzo de sistematizaci—n desde una mirada multiactor y multinivel, para lograr mayor impacto en la construcci—n de pol’ticas pœblicas.

 

Academia, sociedad civil y gobierno

 

La magnitud de los desaf’os, ya sean nacionales o con especificidades en la frontera sur, requieren respuestas dirigidas y efectivas, como transformar ciertos incisos de la legislaci—n o reforzar mecanismos de alerta temprana, aspectos que para ser reformados de manera efectiva, requieren de estudios s—lidos y acciones concretas.

 

La armonizaci—n legislativa significa reformar ciertos incisos de las leyes vigentes para que sean acordes con el marco internacional de los derechos humanos. Por mencionar un caso: en algunos estados de la Repœblica, el abuso sexual infantil no est‡ tipificado como delito y en consecuencia, no se puede crear una pol’tica nacional de atenci—n a estos delitos. O el tema de consulta ind’gena: si por ejemplo, un proyecto minero se presenta en territorio ind’gena, en otros pa’ses se atienden los est‡ndares internacionales existentes para consultar debidamente a la poblaci—n afectada; en cambio, esto aœn no se encuentra suficientemente reglamentado en MŽxico.

 

Atender los retos y complejidades en torno a los derechos humanos es una responsabilidad gubernamental y no faltan instancias competentes; no obstante, la academia puede desempe–ar un papel clave para lograrlo con mayor efectividad. Garantizar el cumplimiento de los derechos no se logra de forma improvisada, aleatoria ni espont‡nea; se debe incentivar un an‡lisis profundo de la realidad y promover acciones orientadas a resultados, entre ellas la rendici—n de cuentas, factor clave para el trabajo gubernamental. Para incidir en este punto, en las universidades y centros de investigaci—n pueden lograrse propuestas mejor estructuradas, ligadas a estudios de impacto, diagn—sticos, seguimiento de indicadores, entre otras ‡reas de oportunidad.

Las organizaciones de la sociedad civil son otros actores importantes, pues son estas las que identifican la problem‡tica real, la experimentan de forma directa, y a diferencia de la pol’tica de escritorio, no invisibilizan las voces locales. Llegar a tal conclusi—n, a MŽxico le implic— un proceso de largo aliento, sin embargo, hoy es imposible pensar en la formulaci—n de pol’tica pœblica sin comitŽs ciudadanos o grupos de trabajo multiactorales.

 

Colaboraci—n entre municipios

 

Partiendo del principio de universalidad de los derechos humanos, es decir inherentes a cada persona, participar en la elaboraci—n de pol’ticas pœblicas que afectan positivamente la vida humana constituye, por a–adidura, un derecho que debe garantizarse. No hacerlo dificulta que se respeten el resto de los derechos.

 

En este sentido, la Agencia de Cooperaci—n Alemana (GIZ), la Agencia Mexicana de Cooperaci—n Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretar’a de Gobernaci—n (SEGOB), acompa–adas por El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), buscan atender las situaciones m‡s acuciantes en la frontera sur mediante el proyecto piloto ÒMunicipios fronterizos de derechos humanosÓ. El eje de acci—n son los municipios, por ser las unidades administrativas m‡s inmediatas.

 

La iniciativa suma elementos novedosos, por ejemplo, reunir a los municipios de la frontera sur, mismos que carecen de antecedentes sobre di‡logos coordinados entre s’ para la atenci—n de asuntos compartidos, especialmente en temas migratorios, de salud y de respeto a los derechos de los pueblos originarios; entre ellos: vulnerabilidad de migrantes, delincuencia organizada, trata de personas o VIH en poblaciones migrantes internas.

 

Otro factor innovador es el nombramiento de Òmunicipios de derechos humanosÓ, que a la usanza de las Òciudades de derechos humanosÓ, busca impulsar el fortalecimiento institucional y ampliar la participaci—n de las personas en la toma de decisiones que afectan sus vidas, pero desde espacios m‡s locales, sin deslindar a autoridades federales y estatales del proceso. Adem‡s, la noci—n de frontera se ampl’a para incluir localidades transfronterizas, elemento clave del proyecto. Se planean procesos de cooperaci—n entre pa’ses, en los que cualquier acci—n emprendida en MŽxico para fortalecer los derechos humanos debe suponer un eco en los municipios de pa’ses vecinos como una estrategia integral.

 

La intenci—n es generar una nueva manera de formular e implementar la pol’tica pœblica, centrando la mirada en lo local, pero conscientes de la multiculturalidad, buscando dar respuesta a retos nacionales e internacionales, que repercuten en las vidas de quienes viven y transitan en la frontera sur del pa’s.

 

Aœn sin resultados claros sobre lo que esta nueva perspectiva significar‡, las instancias involucradas asumen su apertura al escrutinio y la rendici—n de cuentas como una forma de sugerir ajustes oportunos de acciones, as’ como asegurar la optimizaci—n de los resultados y de los recursos. En todo momento, la prioridad son las personas y el respeto a sus derechos humanos.

 

Ricardo J. Sepœlveda I. (rsepulveda@segob.gob.mx) y Berenice Gervassi (mgervassi@segob.gob.mx) trabajan en la Direcci—n General de Pol’tica Pœblica de Derechos Humanos de la Subsecretar’a de Derechos Humanos, Secretar’a de Gobernaci—n.

 

 

Ecofronteras, 2018, vol. 22, nœm. 62, pp. 6-9, ISSN 2007-4549. Licencia CC (no comercial, no obras derivadas); notificar reproducciones a llopez@ecosur.mx